El 2 de agosto de 1483 el papa Sixto IV nombró a Tomás de Torquemada inquisidor general de la Corona de Castilla, cargo que también recibió en octubre de dicho año para la Corona de Aragón. La inquisición fue la única institución común a las Coronas de Castilla y Aragón, que compartieron durante la Edad Moderna reyes comunes. Esta contaba con un Consejo Supremo de la Inquisición, presidido por el inquisidor general y poseía tribunales en las ciudades, con otros inquisidores.
Al llegar a la ciudad, los inquisidores invitaban a confesar a judíos conversos (aunque más adelante se persiguió la brujería, la homosexualidad, el protestantismo…). Las acusaciones eran estudiadas por teólogos y en caso de duda los fiscales podían proceder a arrestar a los acusados. Entonces se animaba a confesar a los presos (a veces de forma forzada). El acusado podía preparar su defensa mediante abogados, ya que no eran procesos judiciales arbitrarios como muchas veces se presentan en las películas. El tribunal decidía entonces la pena, que era leída en los autos de fe, procesiones en los que se presentaba al condenado a la comunidad y este se reconciliaba con ella abjurando de sus pecados (aunque no siempre lo hacían). Los presos eran presentados como ejemplo negativo ante la comunidad, de lo que no había que hacer. La pena podía incluir trabajos forzados, castigos físicos… incluso la muerte. Solía ser habitual la confiscación de bienes. Las penas eran ejecutadas por la justicia laica, no por la los tribunales religiosos. Por ello se dice que los presos eran relajados al brazo secular.
La Inquisición fue una institución que siguió realizando autos de fe hasta el siglo XIX, hasta 1826. Como institución, existió entre 1478 y 1834 y dependía de los monarcas, si bien ya existía una inquisición medieval desde 1230, que dependía del papa y trataba de combatir la herejía cátara.
Res Historica 
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