Los juristas se configuraron como elementos imprescindibles dentro de la sociedad hispánica moderna. Además de su ejercicio en el gobierno judicial de la Monarquía Hispánica, fueron capaces de instruirse en Derecho y construir sus carreras profesionales a través del ejercicio público. Todo ello les permitió la promoción social y el acceso a privilegios por parte de la monarquía.
Debemos distinguir a aquellos juristas que ejercieron en función de intereses privados y aquellos que lo hicieron al servicio de los monarcas. Centraremos la atención en estos últimos. Para ello, debemos dejar atrás la idea de que los letrados se constituyeron como un grupo exclusivo al servicio de la monarquía, aislados de otras fuerzas sociopolíticas. Todo lo contrario, no dejaron de crear y mantener vínculos con otros poderes, principalmente con la nobleza. También, debemos remarcar el especial interés que cobró el Derecho en el desarrollo de la Monarquía Hispánica, constituyéndose como un elemento indispensable dentro de la configuración de la comunidad.
El Derecho dotó de sistemas normativos de organización y de regulación a la sociedad en la que se desarrolló y los letrados se configuraron como expertos, capaces de aplicarlo en sus respectivos ordenamientos jurídicos.
Su papel como expertos en Derecho fue más allá de la simple aplicación o defensa del mismo, constituyéndose como un elemento imprescindible de asesoramiento para los virreyes. Estos, se convirtieron en los representantes de los monarcas en cada uno de los reinos (como explicaremos en una publicación más adelante). Así, la creación de audiencias (donde actuaron los juristas) permitió su configuración como instituciones eficaces dentro de los diferentes sistemas territoriales de la corona hispánica, y permitió la consolidación de la estructura política-administrativa de la Monarquía Hispánica.
Los juristas fueron más allá de su ideología política y se convirtieron en difusores de las ideas que la monarquía buscaba transmitir a sus súbditos. Todo ello, dentro del marco de sus actividades políticas y jurídicas, acompañado de una serie de fueros y privilegios, y en constante interacción con otras instituciones y jurisdicciones. Se convirtieron así, en los representantes de la monarquía a nivel jurídico.
Como sabemos, la Monarquía Hispánica se construyó a partir de una pluralidad de reinos y coronas que generaban una dinámica interactiva bajo la dirección de un soberano. Una monarquía plural, donde los órganos del poder central se ubicaban en la Corte (itinerante, y desde Felipe II, fija en Madrid) lo que provocó la imposibilidad de los soberanos de estar presentes en cada uno de sus territorios. El monarca aragonés, Fernando II, fue consciente de la necesidad de articular una red de virreinatos y audiencias, eficaces y operativos, que favorecieran la conexión con la Corte, en esos momentos todavía itinerante. Por ello, se hizo necesaria la creación de las audiencias (en el caso de la Corona de Aragón se creó la real audiencia de Barcelona en 1493 o en 1506 la de Valencia), dotadas con magistrados letrados en cada uno de los territorios. Estas audiencias tenían entre sus cometidos el dictamen de resoluciones gubernativas y sentencias judiciales (actuando en su función de órganos superiores de justicia regnícolas), así como su configuración de expertos consejeros para el virrey en su vertiente gubernativa. Inmiscuidos dentro de los propios asuntos de gobierno de cada reino, ejercieron funciones de asesoramiento, información y orientación para los virreyes. Para llevar a cabo dicho asesoramiento, se requirió la búsqueda de soluciones que evitaran la vía judicial. En cambio, para el desempeño como jueces de los tribunales reales, contaron con capacidad decisoria para aplicar el derecho de forma equitativa en la toma de sus decisiones, motivando siempre sus sentencias para otorgar una mayor seguridad jurídica al funcionamiento del sistema.
Por último, para reforzar su propio poder en contra del resto de jurisdicciones en las que actuaban los letrados, la monarquía convirtió sus ciudades en centros de atracción para los juristas con aspiraciones de ascenso social.
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